Las escuelas concertadas, como parte del sistema educativo español, se enfrentan hoy a un escenario profundamente transformado por los cambios demográficos, las crecientes desigualdades sociales y los nuevos retos educativos. Esta situación no es exclusiva de un territorio ni de una red educativa concreta. Aunque en Cataluña se ha visibilizado especialmente a través de medidas como el Pla de Xoc, muchas otras comunidade autónomas experimentan procesos similares. Este contexto desafía, pero también ofrece la oportunidad de redescubrir el valor social de la escuela concertada. Sin embargo, no se trata
de un problema exclusivo de la red concertada o pública: es un fenómeno social que se agudiza en determinados entornos con alta complejidad social, económica y cultural, y que exige respuestas compartidas, más allá del tipo de centro.
Un contexto social en transformación
España ha superado por primera vez los 49 millones de habitantes, alcanzando un total de 49.077.984 personas según las estadísticas del INE del último trimestre de 2024 (INE, 2024a). Este crecimiento poblacional se debe principalmente al incremento de personas nacidas en el extranjero, que ya representan cerca del 19% de la población total, con aproximadamente 9,4 millones de personas (Cadena SER, 2025a).
En cuanto a la natalidad, en 2024 se registraron 322.034 nacimientos, un aumento del 0,4% respecto al año anterior, rompiendo una tendencia de descenso que duraba una década (El País, 2025a). Sin embargo, este leve repunte no compensa el saldo vegetativo negativo, ya que las defunciones superaron a los nacimientos en 114.937 personas. Además, la tasa de fecundidad sigue siendo una de las más bajas de Europa, con un promedio de 1,12 hijos por mujer (Cadena SER, 2025b).
En términos de pobreza y exclusión social, el 25,8% de la población residente en España se encontraba en riesgo de pobreza o exclusión social en 2024, según la Encuesta de Condiciones de Vida del INE (INE, 2024b). Particularmente preocupante es la situación de las familias con hijos: el 17,1% de los hogares con empleo y con hijos vive en situación de pobreza laboral, especialmente las familias monoparentales (32%) y numerosas (35,5%) (El País, 2025b).
En cuanto a los recursos destinados a instituciones que atienden a colectivos vulnerables, el gasto público en educación alcanzó los 67.900 millones de euros en 2023, un 7% más respecto al año anterior (La Moncloa, 2025). Por su parte, el gasto ejecutado en servicios sociales por las comunidades autónomas en 2023 fue de 58.473,8 millones de euros, lo que supone un incremento del 10,4% respecto al ejercicio anterior (LinkedIn Ibercampus, 2024).
Este contexto demográfico y socioeconómico plantea desafíos significativos para el sistema educativo y social español, especialmente en entornos con alta complejidad social, económica y cultural. La diversidad creciente y las desigualdades persistentes requieren
respuestas integrales y coordinadas entre las diferentes administraciones y sectores de la sociedad.
Un reto común, impactos diferentes
La lucha contra la desigualdad es una prioridad compartida por todo el sistema educativo, público y concertado. Pero el modo en que se vive esta situación en cada centro varía enormemente. Para muchas escuelas públicas, supone un incremento de complejidad en entornos de alta concentración de vulnerabilidad. Para algunas concertadas, se traduce en pérdida de líneas, reducción de ingresos o presión para adaptarse a nuevas realidades. En otros casos, esta misma realidad permite mantener conciertos en zonas con baja demanda.
En ambos contextos, la transformación es real y exige una respuesta institucional flexible, justa y adaptativa.
Ver el reto como oportunidad
Este nuevo paradigma no debe afrontarse desde la resignación ni la resistencia, sino como una ocasión para renovar el sentido profundo de la educación. Tanto los centros públicos como los concertados pueden convertirse en referentes de cohesión social si entienden que la diversidad no es un obstáculo, sino una riqueza que bien acompañada transforma a toda la comunidad educativa.
En lugar de defender una escuela homogénea que responde a realidades del pasado, el reto consiste en construir un proyecto educativo flexible, inclusivo y con visión de futuro. Las escuelas que sepan adaptarse no solo serán más sostenibles, sino también más coherentes con los principios que muchas veces figuran en sus proyectos educativos, carismas institucionales o idearios fundacionales.
La diversidad bien gestionada fomenta el pensamiento crítico, la empatía, la convivencia y el crecimiento colectivo. Nos recuerda que la escuela no está solo para enseñar contenidos, sino para educar personas capaces de vivir en un mundo plural, complejo y cambiante. Convertir los desafíos sociales en aprendizajes compartidos no solo es posible, sino necesario.
Apoyo institucional a los centros concertados que atienden a la diversidad social
Los centros concertados que asumen el compromiso de escolarizar a alumnado en situación de vulnerabilidad social cuentan con diversas líneas de apoyo por parte de las administraciones educativas, tanto a nivel estatal como autonómico. Estas ayudas buscan reforzar la equidad y garantizar una atención educativa adecuada a las necesidades específicas de estos estudiantes.
En Cataluña, el Departament d’Educació incluye a los centros concertados en las convocatorias para atención a la diversidad, financiación de personal de apoyo educativo y ayudas para alumnos con necesidades específicas. También se han impulsado programas de mediación y soporte lingüístico para alumnado de origen extranjero en escuelas de zonas de alta complejidad social.
En Madrid, la Consejería de Educación ha convocado programas de refuerzo educativo y apoyo psicopedagógico en centros concertados ubicados en zonas con alto índice de población vulnerable. También existen líneas de ayuda a la escolarización de alumnado con discapacidad y planes de convivencia escolar.
A nivel estatal, el Ministerio de Educación y Formación Profesional ofrece becas y ayudas destinadas a alumnos que requieren apoyo educativo específico, incluyendo aquellos matriculados en centros concertados. Estas ayudas pueden cubrir enseñanza, transporte, comedor, residencia, material didáctico o reeducación pedagógica. Las cuantías varían según las circunstancias del alumno, con importes de hasta 1.795 euros (BOE, 2024).
Algunas comunidades, como Castilla y León, han establecido subvenciones directas para centros concertados que desarrollan programas de educación inclusiva. En Extremadura, se ejecutan programas de refuerzo educativo competencial con apoyo institucional para centros concertados.
Además, el Ministerio ha promovido la creación de agrupaciones de centros educativos para fomentar proyectos conjuntos de atención a la diversidad. Estas agrupaciones pueden incluir centros concertados y cuentan con financiación específica.
En cumplimiento de la LOMLOE, el Gobierno ha iniciado la revisión del “coste real del servicio educativo” para actualizar la financiación de los centros concertados, especialmente en aquellos con alta concentración de alumnado vulnerable, con el objetivo de garantizar mayor equidad en el sistema.
¿Cómo destacar como escuela socialmente responsable?
Las escuelas socialmente responsables no son aquellas que hacen más ruido, sino aquellas que actúan con coherencia, compromiso y transparencia. Para construir un reconocimiento real —por parte de las familias, la administración y el entorno social— no basta con tener buena voluntad: hace falta estrategia, planificación y comunicación.
Aquí algunos caminos concretos:
1. Reforzar el acompañamiento a estudiantes en riesgo
Ofrecer recursos específicos —tutores de refuerzo, mediadores culturales, programas de mentoría o espacios seguros— para que ningún alumno quede atrás
por razones sociales, familiares o lingüísticas. Esto implica organizar el centro con una mirada integradora, no compensatoria ni estigmatizadora.
2. Visibilizar el esfuerzo del personal educativo
El compromiso del profesorado y del equipo directivo ante los nuevos retos debe reconocerse y hacerse visible. Compartir buenas prácticas, documentar experiencias y contar con canales institucionales para difundir el impacto del trabajo cotidiano genera confianza, valor social e identidad de centro.
3. Colaborar con servicios sociales y entidades del entorno
Salir del aislamiento institucional es clave. Establecer vínculos reales con los servicios sociales municipales, con asociaciones vecinales o con ONG de apoyo a la infancia permite ampliar la red de cuidado, recursos y acción transformadora. La comunidad educa si educamos en comunidad.
4. Diseñar proyectos alineados con los ODS
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) ofrecen un marco global y ético que puede enmarcar muchos de los esfuerzos que ya se están haciendo: inclusión, igualdad de género, reducción de desigualdades, salud mental, acción climática...
Presentar estos proyectos dentro de ese marco añade valor y conecta con narrativas sociales reconocidas y apoyadas.
Gestionar mejor los recursos y buscar alianzas
Es esencial reclamar recursos adecuados a la administración, pero también abrirse a nuevas alianzas con ayuntamientos, asociaciones y tejido social. La educación inclusiva no es una tarea individual del centro, sino un compromiso colectivo. Esto aplica tanto a la red pública como a la concertada. La inversión sostenida, la coordinación interinstitucional y el apoyo comunitario son indispensables.
Repensar la financiación: de la queja a la propuesta
Uno de los puntos de mayor tensión para muchas escuelas concertadas es la insuficiencia estructural de recursos para hacer frente a los retos actuales: atención a la diversidad, refuerzo educativo, formación docente o adaptación digital. Esta situación genera una sensación de injusticia y desamparo, especialmente cuando se incrementan las exigencias desde la administración sin un acompañamiento económico proporcional.
Más allá de la queja —justificada en muchos casos—, el momento actual exige transformar esa inquietud en propuestas constructivas, que visibilicen el valor social del trabajo que hacen estas escuelas y justifiquen una mejora razonada de su financiación.
1. Auditoría interna del impacto social del centro: recoger y visibilizar datos sobre diversidad, inversión en apoyo, colaboración con el entorno.
2. Modelo de financiación ajustado: que tenga en cuenta el perfil del alumnado, ubicación del centro y necesidades específicas.
3. Cofinanciación local: convenios con administraciones municipales para proyectos concretos de inclusión o innovación.
4. Alianzas con entidades privadas y sociales: para financiar iniciativas educativas con impacto demostrable.
5. Acción institucional: solicitar y apoyar que patronales y sindicatos trabajen conjuntamente para presentar propuestas viables y justas ante la administración educativa.
La coherencia como valor educativo
Los idearios de muchas escuelas concertadas —y también de los proyectos públicos— recogen principios como la equidad, la justicia social y la atención a los más vulnerables.
Hoy, más que nunca, se trata de hacerlos realidad desde la práctica cotidiana. Vivir con hechos lo que se proclama en los documentos institucionales es un acto de coherencia y de liderazgo educativo.
Educar para la justicia social
Este puede ser el momento de demostrar que la educación mejora la sociedad porque mejora a las personas. No sobrevivirá la escuela más fuerte, sino la que mejor se adapte. Y eso empieza hoy, en cada aula, con cada alumno. La respuesta no está en cerrarse ni en enfrentarse, sino en abrirse al cambio con visión, flexibilidad y compromiso compartido.
Referencias
INE. (2024a). Padrón continuo.
Cadena SER. (2025a). España supera los 49 millones de habitantes.
El País. (2025a). Aumento de nacimientos en 2024.
Cadena SER. (2025b). La baja natalidad española.
INE. (2024b). Encuesta de Condiciones de Vida.
El País. (2025b). Pobreza laboral en familias con hijos.
La Moncloa. (2025). Gasto público en educación.
LinkedIn Ibercampus. (2024). Inversión en servicios sociales.
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